GINEBRA.- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo que tuvo que interrumpir en dos ocasiones la distribución de la ayuda a los afectados por las inundaciones en Pakistán, debido a los "disturbios" provocados entre la población por su lentitud e insuficiencia.

Debido a estos "disturbios", el CICR, con sede en Ginebra, tuvo que interrumpir en dos ocasiones sus actividades de distribución de ayuda durante los ocho últimos días, indicó a los periodistas el responsable del CICR para el Sur de Asia, Jacques de Maio.

"Detectamos una tendencia muy preocupante (...) con personas que tanto lo necesitan, que tiene tanto resentimiento porque no reciben la ayuda suficiente, y se vuelven -y es comprensible- agresivas", explicó.

Más de un mes después de las primeras lluvias torrenciales del monzón que han inundado más del 20% del país, la asistencia sigue sin ser suficiente para los 18 millones de damnificados, de los cuales unos ocho millones necesitan ayuda urgente.

Las necesidades son enormes y las operaciones de rescate siguen siendo extremadamente complicadas en este amplio país en parte montañoso, donde miles de carreteras y puentes han sido destruidos por los raudales, que siguen dejando nuevas víctimas por el camino.

"Si traemos comida para 30.000 personas, pero en las siguientes 48 horas tenemos a otras 150.000 personas más, entonces tenemos un problema", insistió De Maio.

Y este "problema" es todavía más importante, añade el responsable, si "entre la multitud hay personas que dicen que '(las organizaciones humanitarias) son de todas formas inútiles y están politizadas'".

De Maio no quiso sin embargo decir quiénes eran esas personas que criticaban a las organizaciones humanitarias.

El CICR ha ayudado de momento a cientos de afectados y espera poder asistir a 1,4 millones de personas en las próximas seis semanas.

WASHINGTON.- El gobierno federal estadounidense anunció este jueves una demanda contra un sheriff del estado de Arizona (suroeste), Joe Arpaio, por no colaborar en una investigación sobre supuestas discriminaciones contra inmigrantes ilegales.

Arpaio, sheriff del condado de Maricopa en Arizona, de 78 años de edad, es conocido desde hace años por sus masivas redadas en plena calle contra indocumentados, criticadas por organizaciones de derechos civiles.

El Departamento de Justicia abrió la investigación en marzo del año pasado, y desde entonces reclamó a la oficina del sheriff, muy popular en su condado, acceso a sus oficinas, documentación y personal.

"El Departamento presentó la demanda después de agotar todas las vías... posibles para acceder a los documentos y las instalaciones" a cargo del sheriff, explicó el comunicado oficial.

El gobierno apela a la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por cualquier organismo público en el país que recibe fondos federales.

"Las acciones de la Oficina del Sheriff de Maricopa no tienen precedentes y es lamentable que el Departamento haya sido forzado a recurrir a un caso legal para acceder a documentos e instalaciones públicas", dijo Thomas E. Perez, Asistente Fiscal General de Justicia de la División de Derechos Civiles, citado en el texto.

La presunta falta de cooperación de Arpaio, reelegido en su cargo desde 1992, es un caso "extremadamente atípico", sin precedentes en los últimos 30 años, según el Departamento de Justicia.

"Esta gente se reunió con mis abogados hace tan sólo unos días. En esa reunión, Washington (el gobierno federal) obtuvo nuestra cooperación; admitieron que ya tenían miles de páginas de los documentos solicitados y que tuvieron acceso a mi personal y que entraron en mis cárceles", reaccionó Arpaio en un comunicado.

"Nos sonrieron y luego nos apuñalaron en la espalda con esta demanda", atacó el sheriff, que cuenta con una gran popularidad en círculos ultraconservadores.

Tensión por la ley

La demanda se produce en un contexto de tensión con Arizona, que aprobó recientemente una dura ley antiinmigrantes que también fue recusada ante la justicia por el gobierno federal.

La ley SB 1070 criminalizaba por primera vez en la historia del país la inmigración ilegal en un estado, pero un juez paralizó en julio las partes más polémicas del texto.

La ley, sin embargo, es apoyada por una mayoría de estadounidenses, según los sondeos.

Los estadounidenses se declaran dispuestos a abrir un debate sobre la necesidad de una reforma migratoria, pero antes quieren ver reforzada la seguridad en las fronteras.

Ese tipo de argumentos cobran especial fuerza en Arizona, un estado golpeado por el desempleo y que se convirtió, debido al desierto de Sonora que comparte con México, con la zona de paso preferido de los indocumentados.

En Arizona, con unos 6,5 millones de habitantes, viven unos 460.000 indocumentados, según cálculos oficiales.

Arpaio se ufana de haber entregado el año pasado más de 36.000 ilegales a las autoridades federales. Pero sus redadas policiales a la salida de fábricas, de supermercados, despiertan temor en la comunidad hispana y contradicen la política del gobierno de Barack Obama de centrarse en perseguir a los indocumentados criminales.

El sheriff, que fue jefe delegado de la Administración Antinarcóticos (DEA) en México, considera que la presencia de los indocumentados atrae la inseguridad a su condado, que cubre la capital del estado, Phoenix.

Según datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), el índice de crímenes violentos en Arizona ha permanecido estable, incluidos los condados fronterizos.

MÉXICO.- El rescate de seis cubanos y la denuncia de que 17 emigrantes que iban a Estados Unidos están secuestrados en el norte de México son ejemplos del ensañamiento del crimen organizado con los emigrantes, que tuvo su peor muestra en la matanza la semana pasada de 72 de ellos.

A estos casos se suma el de un ecuatoriano de nueve años que, según su familia en Quito, sigue en manos de una banda que liberó a su madre para que busque 4.000 dólares de rescate. Ambos habían sido secuestrados cerca de la ciudad mexicana de Villahermosa (sureste) tras atravesar Centroamérica.

Estos casos forman parte de la multiplicación de denuncias en los medios tras el impacto que provocó hace una semana la masacre de 72 emigrantes de Brasil, Ecuador, Guatemala, El Salvador y Honduras en el estado mexicano de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos.

Pero ya desde 2008 varias ONG e incluso organismos oficiales mexicanos alertaron que organizaciones criminales estaban recurriendo en forma creciente al secuestro de migrantes y asesinando a quienes no pagan rescate.

"Creo que las autoridades tenían elementos de campo como para estar enterados", dijo a la AFP Rodolfo Casillas, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), tras recordar que desde hacía dos años se habían multiplicado las denuncias.

Incluso un estudio de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos de México estimó el año pasado que 10.000 fueron secuestrados entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 por grupos criminales que se estima obtuvieron 25 millones de dólares en rescates.

El nombre de un grupo se repite particularmente en las denuncias: Los Zetas, ex militares de élite que se unieron como pistoleros al narcotráfico, que según el gobierno han convertido el secuestro de migrantes y el robo de combustibles en nuevas fuentes de financiación.

Pero Casillas cree que no todos los casos se pueden atribuir a Los Zetas. "Sería muy sorprendente", señala.

17 desaparecidos

Este jueves la policía de la ciudad mexicana de Tijuana (noroeste), vecina de la estadounidense San Diego (California), seguía buscando a 17 personas, al parecer mexicanas, secuestradas cuando iban a cruzar la frontera.

La denuncia fue hecha a la Policía por una persona que aseguró estuvo diez días retenido por la banda de traficantes de personas.

El hombre de 38 años, junto a otra persona, fueron abandonados por sus captores el miércoles en un cerro vecino a Tijuana, según la policía. Se desconoce si sus familias pagaron por su liberación.

Otro secuestro de emigrantes fue revelado también el miércoles cuando la policía del famoso balneario de Cancún (este), liberó a seis cubanos tras una denuncia anónima.

Los cubanos dijeron que "tenían más de un mes secuestrados, que constantemente eran cambiados de domicilio, y aseguran que exigían entre 8.000 y 10.000 dólares por su libertad a sus familiares en Miami", señaló a la AFP Enrique Alberto Sanmiguel, director de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo.

Cerca de 500.000 emigrantes, en su mayoría centroamericanos, tratan de cruzar México para llegar a Estados Unidos escondidos en vagones de carga del ferrocarril o en caletas de camiones. Grupos como Los Zetas los interceptan, a veces con la complicidad de las policías locales, según numerosas denuncias coincidentes de ONG.

La ola de preocupación generada por la matanza en Tamaulipas llegó a la Organización de Estados Americanos (OEA), que este jueves dedicó su sesión al tema. "Se requiere de acciones interestatales concertadas para hacer frente a esta nueva modalidad delincuencial", alertó el representante de Guatemala en la OEA, Jorge Skinner, en ese foro.

NUEVA ORLEANS.- Una mancha de petróleo de más de 1,5 kilómetro de extensión era visible este jueves tras la explosión e incendio de una plataforma petrolera en el Golfo de México, informaron los guardacostas estadounidenses, citando a los empleados de la plataforma.

Un portavoz de Mariner Energy, la compañía petrolera con base en Texas y propietaria de la plataforma, había señalado un poco antes que no había ningún signo visible de contaminación.

La plataforma seguía siendo pasto de las llamas a mitad de la jornada.

La explosión lanzó a 13 empleados al mar, todos los cuales fueron localizados, indicaron los guardacostas.

La plataforma está situada a unos 130 km al sur de Vermilion Bay, en Luisiana (sur de Estados Unidos) y opera en aguas poco profundas (135 m).